La Ley 7/2023 de Bienestar Animal impide utilizar en España herramientas de manejo que provoquen dolor, sufrimiento o daños físicos a los animales. La prohibición afecta a los collares de descargas eléctricas, a los dispositivos antiladridos que aplican impulsos punitivos y a los collares de púas o de ahorque cuando se emplean para corregir conductas o controlar al perro.
El alcance de la norma no se limita a los espacios públicos. La restricción se aplica igualmente si el animal está en un domicilio particular, en un jardín privado o durante un paseo. De este modo, no sería válido recurrir a uno de estos accesorios dentro de una vivienda para intentar frenar los ladridos, evitar que el perro tire de la correa o modificar cualquier otra conducta que resulte incómoda para sus responsables.
Qué prácticas quedan fuera de la norma
El criterio fijado por la legislación se centra en el efecto que produce el instrumento sobre el animal, no en el lugar donde se coloca ni en la finalidad que alegue la persona responsable. La norma contempla como métodos prohibidos aquellos recursos coercitivos o aversivos que puedan causar una respuesta dolorosa, un sufrimiento o una lesión.
- Collares eléctricos que emiten descargas para modificar el comportamiento.
- Dispositivos antiladridos que utilizan impulsos punitivos.
- Collares con púas metálicas que presionan el cuello.
- Collares de ahorque cuyo mecanismo ejerce una constricción progresiva.
La regulación también despeja una confusión habitual sobre los aparatos antiladridos. Que se utilicen dentro de un piso y no en la calle no los convierte en legales si su funcionamiento está diseñado para causar dolor o sufrimiento. La convivencia vecinal, el adiestramiento o la intención de evitar tirones no aparecen en la norma como excepciones que permitan utilizar estos sistemas.
Una prohibición vinculada al manejo diario
El artículo 27 de la ley, según la información publicada sobre su aplicación, obliga a que la educación y el control de los perros se desarrollen mediante métodos compatibles con su integridad. La medida afecta, por tanto, a situaciones cotidianas: desde los ladridos en casa hasta los paseos en los que el animal tira o se resiste a avanzar.
La decisión legislativa cambia el marco en el que se ha desarrollado durante años parte del adiestramiento doméstico. Un accesorio que antes podía presentarse como una herramienta de corrección deja de ser admisible cuando su funcionamiento provoca una respuesta dolorosa o supone un trato aversivo. La norma no distingue entre un uso ocasional y uno continuado, ni entre una vivienda, un espacio privado y la vía pública.
Multas por utilizar herramientas que causen dolor
El empleo de estos recursos está considerado, con carácter general, una infracción grave de la normativa de protección animal. Las sanciones económicas asociadas a esta categoría oscilan entre 10.001 y 50.000 euros, de acuerdo con la información difundida sobre el régimen sancionador de la ley.
| Conducta | Ámbito de aplicación | Consecuencia indicada |
|---|---|---|
| Usar dispositivos que causen dolor, sufrimiento o daños | Interior y exterior | Infracción grave |
| Emplear collares eléctricos, de púas o de ahorque | Vivienda, jardín o espacio público | Multas de 10.001 a 50.000 euros |
La prohibición sitúa el bienestar físico del perro por encima de la comodidad inmediata que pueda proporcionar un dispositivo de castigo. También deja claro que el responsable del animal no puede justificar su utilización por el hecho de que el collar se use dentro de casa o con el objetivo de resolver un problema de convivencia.
